Una profunda injusticia se extiende por el mundo, manifestándose en las flagrantes desigualdades en materia de salud que acortan vidas y multiplican el sufrimiento. No es una fatalidad ineludible, sino el crudo resultado de las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, condiciones que, a su vez, son moldeadas por fuerzas políticas, sociales y económicas. Observamos con asombro cómo la esperanza de vida y la buena salud progresan en algunas regiones, mientras en otras se estancan o retroceden, creando una brecha que, de no ser subsanada, condena a generaciones a la enfermedad y a la muerte prematura.
Esta realidad inaceptable, donde una niña nacida en un país puede esperar vivir más de 80 años, mientras otra, en una nación diferente, no alcanzará los 45, clama por una acción urgente. Las diferencias masivas en salud, tanto entre países como dentro de ellos, están intrínsecamente ligadas a grados de desventaja social. Estas inequidades sanitarias, que son evitables, se generan por el acceso dispar a la atención sanitaria, la educación, las condiciones laborales, la vivienda y el entorno físico, todos ellos componentes de los determinantes sociales de la salud.
El imperativo moral es claro: la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Para abordar esta crisis global, es fundamental reconocer que la salud no es solo el resultado de la atención médica o las elecciones individuales de estilo de vida. Son los factores del entorno social los que determinan el acceso a los servicios de salud e influyen en las decisiones sobre el estilo de vida. Las condiciones de privación social no son un destino; son un indicador de fracasos políticos y de una distribución inequitativa de poder, dinero y recursos.
Para cerrar esta brecha en una generación, se propone un marco de acción en tres grandes áreas interconectadas. En primer lugar, es crucial mejorar las condiciones de vida cotidianas. Esto implica asegurar un desarrollo integral en la primera infancia, garantizar una educación de calidad, dignificar las condiciones de empleo y trabajo, ofrecer protección social a lo largo de la vida y establecer un acceso universal y equitativo a la atención de salud. El bienestar de las niñas y las mujeres es una piedra angular para una distribución equitativa de la salud.
En segundo lugar, se debe abordar de manera decidida la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Estos son los determinantes estructurales que subyacen a las condiciones de vida, operando a nivel global, nacional y local. Esto requiere un enfoque que trascienda el sector de la salud, instando a todos los gobiernos a evaluar sus políticas en todos los sectores, desde la economía hasta el urbanismo, por su impacto en la salud de la población. La promoción de la emancipación de la mujer es un factor clave para lograr una distribución equitativa de la salud.
Finalmente, es indispensable medir y comprender el problema, y evaluar el impacto de las acciones emprendidas. Se deben establecer sistemas de vigilancia de la equidad sanitaria, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan un seguimiento sistemático de las desigualdades en salud y de sus determinantes sociales. Esta evaluación continua es esencial para ajustar políticas y programas, asegurar su eficacia y mantener el impulso de un movimiento global por la equidad sanitaria.
La consecución de la equidad sanitaria en el lapso de una generación no es una utopía inalcanzable, sino una meta realista si se actúa con voluntad política y un compromiso social profundo. Se requiere un esfuerzo concertado de gobiernos, sociedad civil y organizaciones internacionales para transformar las estructuras que perpetúan la inequidad y construir un mundo donde la oportunidad de una vida plena y saludable no esté determinada por el lugar de nacimiento o las circunstancias sociales.
